Durante muchos años se ha hablado de que la inclusión financiera es una necesidad que tienen los países de América Latina, sobre todo aquellos que están en desarrollo. Desde hace más de dos décadas, una de las problemáticas más importantes de países como México, Brasil, Colombia, Venezuela y el resto de América Latina—debido a sus extensiones, ubicaciones geográficas y condiciones de pobreza—ha sido justamente el incluir a sus ciudadanos en un esquema de formalidad y acceso a servicios financieros. Con ello la brecha de oportunidades se reduce significativamente puesto que estas poblaciones, alejadas en serranías, comunidades, distritos, municipios y poblados; no cuentan con infraestructura suficiente ni se aproximan al acceso a créditos, seguros, ahorros, esquemas de retiro, etc. Circunstancia que no sucede si se deja exclusivamente al apetito de la banca comercial por los costos que les implica.
Esas diferencias geográficas y de infraestructura han generado comunidades que están alejadas de herramientas tecnológicas (como señales de la internet o telefonía), y de un sistema de bancarización. No obstante, en el ínterin, mientras los gobiernos se ponían de acuerdo—para generar políticas públicas más eficientes que pudieran incluir mejor a aquellos que no estaban incluidos en los sectores financieros—ganó la tecnología y apareció fintech.
Durante muchos años se ha discutido que la política de antilavado de dinero (ALD) es particularmente restrictiva. Esto es, si se crea un símil, un personaje que pregunta a menudo: ¿Quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿de dónde traigo los recursos?, ¿a quién están destinados? En fin, una serie de preguntas que parecieran estar enfocadas en proteger a toda costa un sistema financiero, pero que podrían situarse en una línea delgada y convertirse en un óbice para la inclusión financiera. Hay incluso quienes señalan que podría tratarse de políticas contrarias o disímbolas.
No obstante, la evolución de los mercados, de tecnología y el apetito de la innovación encontraron un espléndido maridaje que trajo nuevas oportunidades que habría que valorar desde ambas políticas públicas. En México, desde marzo de 2018 existe una ley en la materia de Instituciones de Tecnología Financiera que resultan una gran oportunidad. ¿Por qué? Hay varios elementos a considerar. Un banco el día de hoy no está interesado en abrir una sucursal bancaria nueva en lugares donde tras estudios de mercado, el flujo de capital será menor. Los costos de la infraestructura, el personal y la seguridad rebasan—por mucho—un objetivo de mercado. Sin embargo, la banca está interesada en ofrecer a sus clientes, más y mejores servicios con los menores costos posibles. Montar una sucursal con todos los requerimientos implica mucho dinero. El proyecto de expansión de la banca, permítaseme el uso del término de “sucursalización de la banca” pareciera estar en una tendencia a la baja; es decir, cada vez hay menos sucursales bancarias.
¿Qué es lo que va a suplir a las sucursales?
En México, para dar una cifra aproximada, el número total de líneas celulares podría duplicar el de la población. Esa es, quizás, una de las soluciones inmediatas y cuyas implicaciones están a la puerta de la esquina, pues los teléfonos inteligentes son solo más que un teléfono.
El acceso a la internet a través de los dispositivos, si bien aún no es óptimo ni regular en todo el país, podría beneficiar a un gran segmento de la población que hoy día conserva esquemas culturales de portabilidad de dinero en efectivo. Para poner un ejemplo, de acuerdo a la última encuesta nacional de inclusión financiera en México, 62,2 millones de personas tienen un teléfono celular, mientras que solo el 51% de estos tienen una cuenta bancaria.1
Como se mencionó en párrafos anteriores, el reto no está en incluir a más gente en el sistema financiero, sino en eliminar una cultura de portabilidad de dinero en efectivo. Esto resulta costoso—por temas de seguridad— menos proclive a condiciones de poca higiene y nula posibilidad de registro, creación de historiales, transparencia, controles, etc.
Si esto pudiere suplir de alguna forma el efectivo, y si se permite el uso del término “digitalizar el efectivo”, esta es la gran oportunidad de:
- Eliminar una economía informal o por lo menos limitarla, hacerla mucho menos generalizada;
- Generar una verdadera inclusión financiera que abarque a más latinoamericanos en poblaciones remotas;
- Disminuir costos para efecto de los servicios financieros (y para los bancos, no tener la necesidad de sucursalizar al país) y;
- Quizás el más importante, lograr alinear en un mismo objetivo estas políticas que resultan primordiales para el desarrollo del país: bancarización, inclusión financiera y prevención de lavado de dinero entre la población.
Ahora se debe observar el otro lado de la moneda ya que los retos son muchos y relevantes. Ser usado para captar recursos de procedencia ilícita, siempre será un punto vulnerable de cualquier participante del sistema financiero. Existe un riesgo inherente en el manejo de capitales en efectivo, así como en la posibilidad de poder hacer transferencias internacionales o tener (vender, negociar o intercambiar) activos virtuales. Por lo mismo, la regulación mexicana dio un paso al frente y sugirió un esquema diferenciado de las instituciones de tecnología financiera dependiendo de los montos que pudieren captarse en las cuentas—a través de un sistema de niveles de cuenta y de límites preestablecidos. De igual manera, los controles y determinaciones de riesgo que cada entidad financiera asigne, no solamente a los productos y servicios que ofrece, sino también a los canales de pago o distribución y, por supuesto, a los tipos de usuarios y clientes con que cuente.
De esta forma, la regulación en materia de ALD sienta un precedente permitiendo que las plataformas tecnológicas entren en un ecosistema, pero con controles equiparables a los de las grandes entidades. Al final, de lo que se trata es de lograr una comunión y una coparticipación de los intermediarios en ese ecosistema. Al establecer escenarios donde exista un arbitraje regulatorio o diferencias abismales, se crea un futuro de (de-risking, en inglés) que a nadie traerá buenos resultados. A largo plazo, esto puede implicar el fin de una industria que, al menos hoy, resulta promisoria y con el gran reto de ayudar a implementar un par de políticas que en su momento pudieron parecer disociadas.
- “México Inclusión financiera Principales hallazgos nacionales y regionales”, Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018, 11 de junio de 2019, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414831/Cuadr_ptico_2018_verimpresa.pdf
